En 2021, el Magdalena quedó en la lista negra del Gobierno Nacional, como una de las entidades territoriales que aún no tenían listo el plan de ejecución del PAE en los colegios, en el marco del retorno a clases durante la pandemia.

La respuesta del gobernador Carlos Caicedo ante esta advertencia fue señalar al presidente Iván Duque, y a “aliados” de la OCAD Caribe por supuestamente “negar la aprobación del PAE con el que beneficiarían a 141 mil niños”.

En 2022, pese a tener recursos asignados desde enero, no fue hasta el mes de septiembre que el gobernador Carlos Caicedo adjudicó el Programa de Alimentación Escolar en el departamento, por un valor de $34 mil millones, para poco menos de tres meses de operación.

Un mes antes, la Contraloría General de la República había revelado que de los 147 mil niños que deberían estar recibiendo alimentación complementaria solo estaban siendo beneficiados 2.379.

Lo que la mayoría de los ciudadanos desconocen, es que estas inconsistencias sistemáticas de la operación del PAE Magdalena, van más allá de fuente de cuestionamientos a la labor del gobernador Caicedo, pues en el fondo representan un detrimento a mediano y largo plazo de la cantidad de recursos asignados para alimentar a los menores más pobres del departamento.

¿Cómo así?  Explicamos:

A través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender, el Gobierno Nacional adjudica el presupuesto de gastos a las entidades territoriales para que sean destinados al Programa de Alimentación Escolar.

En 2022, las transferencias adjudicadas para este departamento fueron de alrededor de $28 mil millones. Para la vigencia 2023, fue de solo $18.992 millones.

La razón detrás de esta reducción de más de  $9 mil millones no significa que haya menos niños necesitando la alimentación, pero sí corresponde al ‘castigo’, determinado en la ley, ante los incumplimientos en la adjudicación del PAE.

Esto ocasionó que departamentos como Cesar, con una población beneficiaria de 98 mil estudiantes, reciba recursos por $55.721 millones, mientras que Magdalena, con más de 138 mil estudiantes para atender, solo le fueran asignados $18 mil millones.

Estos giros, insuficientes para garantizar la alimentación, terminan impulsando a la utilización de recursos propios del departamento (y por consiguiente la reducción de posibilidades de atención de otras necesidades), para finalmente poner en marcha un PAE que por lo menos a la fecha, sigue sin despegar.

Sin bolsa para el hambre

El 18 de abril de este año se conoció un informe de la Defensoría del Pueblo y el Observatorio de Nutrición Infantil en Colombia que reveló que al menos 43 niños menores de 5 años de edad habrían muerto por desnutrición en Magdalena.

Y pese a este panorama, tal como lo explica el abogado y docente, Edward Torres, las falencias de la administración departamental en la lucha contra el hambre generaron también la carencia de otros recursos para este fin.

“Bajo el amparo de la Ley 2167 de 2021, las Entidades Territoriales Certificadas tenían la posibilidad de iniciar sus procesos de planeación y contratación para el PAE 2023 con la debida anticipación. Si las ETC iniciaron de manera oportuna y sostuvieron sus coberturas a lo largo del año 2022 recibirán, como mínimo, de parte de la nación, los mismos recursos que les fueron adjudicados para el presente año. Por ejemplo, en diciembre de 2022 no nos asignaron recursos de la Bolsa Extraordinaria contra el Hambre” puntualizó Torres.

Haciéndose necesario explicar que estos recursos hubieran sido fundamentales, para fortalecer programas que como el PAE, deberían estar enfocados en la atención de los mínimos vitales de los más pequeños.